No existe en el mundo un país más propicio para la investigación social como Colombia. Nuestra abigarrada realidad plantea grandes retos al saber teórico y práctico en antropología, historia, geografía, ciencia política, lenguajes y filosofía, entre otros ámbitos. En el caso particular de la filosofía política, el proceso de paz adelantado en la Habana ha sido objeto de permanente análisis y reflexión. Recientemente la Universidad de los Andes ha hecho importantes aportes al buen éxito del proceso de paz. Con ocasión de mi actual investigación sobre republicanismo, esto es, el buen gobierno de las cosas públicas, he abordado con mi grupo de investigación la pregunta filosófica sobre lo que permite a una sociedad pasar del estado de guerra al estado de civilidad.
Con la difusión semanal en un periódico nacional como El Espectador, la reflexión filosófica ha podido sintonizarse e interactuar con la realidad política nacional. A un mes largo de la posesión del actual presidente de la república, advertimos que en perspectiva de una paz futura y duradera «el país debería ocuparse de la reconstrucción de los lazos sociales, de la recuperación del mercado interno y de la descentralización del poder económico, político y administrativo» (El Espectador, 23 septiembre de 2010). Seis meses más tarde al analizar el proyecto de ley sobre restitución de tierras a víctimas del conflicto criticamos la «visión excesivamente focalizada en la generación de riqueza, en desmedro del reconocimiento pleno de las víctimas» (El Espectador, 31 marzo de 2011). El proyecto analizado permitía que los campesinos restituidos vendieran sus tierras a los dos años de restituidas y los obligaba a pagar mejoras a poseedores de buena fe. Por fortuna nada de ello se aprobó luego en la ley. Medio año después, alertamos sobre la imposibilidad de otorgar amnistías encubiertas como la renuncia a la persecución penal desde la perspectiva del derecho internacional de derechos humanos (El Espectador, 22 de septiembre de 2011), aspecto que deberá abordarse próximamente en la mesa de negociaciones.
El paso de la guerra a la paz debe resolver la tensión entre lo urbano y lo rural, no mediante el sometimiento del campo a la ciudad -agricultura extensiva, macro-proyectos agroindustriales, grandes conglomerados y homogenización cultural- sino «con miles de pueblos a escala humana, bien comunicados; con lazos de pertenencia; con autonomía política y administrativa; con diversidad lingüística, étnica, cultural y ambiental» (El Espectador, 29 de diciembre de 2011). Se trata de una tesis que reivindica lo cultural ante la primacía de lo económico en la búsqueda de soluciones al conflicto armado. El enfoque culturalista permite comprender los asesinatos y despojos a campesinos a manos de grupos ilegales como actos propios de un fenómeno mayor que denominados «culturicidio»: «Millones de campesinos, indígenas y afroamericanos han sufrido la destrucción de su cultura, desterrados y desplazados hacia los centros urbanos, con sus vínculos familiares y personales destruidos y sus existencias arruinadas» (El Espectador, 29 de marzo de 2012). Como salida a esta brutal e injusta realidad sugerimos que «sólo la asunción plena de las múltiples y diversas responsabilidades (…) por esta y las futuras generaciones podría permitirnos superar el sufrimiento y la crueldad infligidos a las víctimas» (ibídem.) Debemos convertirnos en cirujanos del tejido social y cultural, no centrar todo en el tema económico. Un desarrollo más extenso de esta idea se encuentra en mi artículo «La responsabilidad colectiva ante la crisis moral y política colombiana«, reimpreso en Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, 29 (2013): 155-167.
